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Crack en el lupanar: los dueños de prostíbulos irán a la CARCEL HASTA TRES AÑOS

Santo Spasic

Don Paco
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Miércoles, 7 julio 2021, 01:30
Los dueños de ' puticlubs' y cualquier otra persona que destine un piso o un local de manera habitual para lucrarse con la prostitución ejercida por terceros -aunque cuente con su consentimiento- cometerán un delito penado con cárcel y verán cómo su establecimiento es clausurado y los bienes generados por su negocio, decomisados.

Así lo establece el proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocido como ley del 'solo sí es sí', que fue respaldado ayer por el Consejo de Ministros y que en septiembre empezará una tramitación parlamentaria que, antes del verano de 2022, debería terminar con su aprobación.

La futura norma, que ha enfrentado a los dos socios de gobierno durante más de 15 meses, el tiempo que han tardado en pulir sus notables discrepancias y pactar un texto, reintroduce en el Código Penal el delito de tercería locativa, con el que se pretende castigar y clausurar la industria de la prostitución en España. Ya no solo será delito coaccionar o engañar a alguien para que se prostituya en tu beneficio sino también explotarlo como un negocio. Esta infracción, de la que quedan excluidas las 'cooperativas' de prostitutas, será castigada con entre 1 y 3 años de cárcel, que pueden llegar hasta seis si hay violencia o intimidación.

El Ejecutivo, en un nuevo éxito de la titular de Igualdad y del resto de socios de Unidas Podemos, todavía eufóricos por la luz verde al borrador de ley LGTBI-Trans, dio ayer el visto bueno a la reforma que convierte en agresión todo acto contra la libertad sexual no consentido de forma «clara» y «libre». «Está ley es vuestra. Solo tú decides sobre tu sexualidad. ¡Solo sí es sí!», transmitió Irene Montero a las españolas en su primera valoración política.

Se aprobó la víspera del quinto aniversario del salvaje ataque de La Manada en Sanfermines, cuando cinco jóvenes sevillanos se confabularon para acorralar y violar reiteradamente a una madrileña de 18 años que estaba bebida. De hecho, fue la indignación que desató en todo el país la tenue primera condena contra estos violadores, en la que la Audiencia de Pamplona solo vio abuso y no violación, por no apreciar ni violencia ni intimidación, cuando se puso en marcha esta reforma legal, con el objeto de que aquello no se volviese a repetir.

El proyecto cambia todo el capítulo de delitos sexuales del Código Penal. La existencia o no de consentimiento por parte de la víctima es el centro de la nueva regulación. Desaparece el abuso y todo acto no consentido será agresión sexual y toda agresión con penetración, violación. Ya no será preciso que medie violencia o intimidación para condenar por ambas categorías.

La norma también endurece el castigo contra el acoso sexual reiterado en el trabajo, en las aulas o en el ámbito comercial. En los casos entre iguales se duplicará la pena, con entre 6 y 12 meses de cárcel y multa, y se le añade la inhabilitación profesional por 12 a 15 meses.

Pero donde carga las tintas es en el acoso sexual ejercido por jefes, docentes o personas que pueden o tratan de dañar a la víctima, que iran a la cárcel de 1 a 2 años (el triple que antes) y, además de pagar multa, serán inhabilitados para ejercer el oficio entre uno a dos años. Las mismas altas penas se impondrán si los acosadores son empleados de centros de menores, de extranjeros o prisiones.

La futura ley no se limita solo a endurecer los delitos sexuales. Se ocupa de todas las violencias contra las mujeres por el hecho de serlo. Por ello extiende la asistencia y protección que ya existe para las víctimas de la violencia de género a todas las víctimas de las violencias machistas.
 
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